La Extinción del Contrato de Trabajo por Retrasos en el Pago del Salario: Un Derecho del Trabajador en España
El pago del salario es la principal obligación del empresario y un derecho fundamental del trabajador. Sin embargo, en ocasiones, las empresas se retrasan o directamente no abonan las nóminas. Ante esta situación, muchos trabajadores desconocen que la ley les ampara para extinguir su contrato de trabajo con derecho a indemnización y, además, sin necesidad de esperar a ser despedidos.
¿Qué dice la normativa laboral?
El Artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) permite al empleado solicitar la extinción de su contrato por una causa justa. Entre ellas, la falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario. La jurisprudencia y, más recientemente, la normativa, han clarificado los criterios para que un juez considere que el incumplimiento del empresario es suficientemente grave.
¿Cuándo se considera un retraso grave?
Aunque la valoración final recae en el juez, la jurisprudencia ha establecido criterios claros. La nueva redacción del artículo 50 del ET ha aportado más claridad, estableciendo que el trabajador puede solicitar la extinción judicial de su contrato si:
- Se le deben tres mensualidades completas en el plazo de un año, aunque no sean consecutivas.
 - Ha sufrido retrasos de más de 15 días en el pago en seis meses distintos durante un año.
 
Es importante destacar que no se exige que la empresa tenga «mala fe» o dolo. Incluso si los retrasos se deben a dificultades económicas, el incumplimiento grave del empresario es suficiente para que el juez conceda la extinción.
¿Qué derechos tiene el trabajador?
Si el juez estima la solicitud de extinción del contrato, el trabajador adquiere los siguientes derechos:
- Indemnización por despido improcedente: El trabajador tiene derecho a la misma indemnización que le correspondería en un despido improcedente.
 - Prestación por desempleo: El empleado puede acceder a la prestación por desempleo (paro), siempre que cumpla con los requisitos de cotización.
 - Derecho a reclamar salarios atrasados: En la misma demanda, el trabajador puede reclamar las nóminas pendientes, más un 10% de interés por mora salarial.
 
¿Qué procedimiento debe seguirse?
Para ejercer este derecho, el trabajador no debe abandonar su puesto de trabajo, ya que podría interpretarse como una baja voluntaria. El procedimiento judicial es el siguiente:
- Reunir pruebas: El trabajador debe recopilar toda la documentación que demuestre los retrasos o impagos (nóminas, extractos bancarios, correos electrónicos, etc.).
 - Papeleta de conciliación: Se presenta una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para intentar llegar a un acuerdo con la empresa.
 - Demanda ante el Juzgado de lo Social: Si no hay acuerdo en la conciliación, se presenta una demanda judicial para solicitar la extinción del contrato y la indemnización correspondiente.
 
La extinción del contrato por impago o retrasos en el salario es una herramienta legal que protege la dignidad y estabilidad financiera del trabajador ante situaciones de incumplimiento grave por parte del empleador.
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La Extinción del Contrato de Trabajo por Retrasos en el Pago del Salario: Un Derecho del Trabajador en España
El pago del salario es la principal obligación del empresario y un derecho fundamental del trabajador. Sin embargo, en ocasiones, las empresas se retrasan o directamente no abonan las nóminas. Ante esta situación, muchos trabajadores desconocen que la ley les ampara para extinguir su contrato de trabajo con derecho a indemnización y, además, sin necesidad de esperar a ser despedidos.
¿Qué dice la normativa laboral?
El Artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (ET) permite al empleado solicitar la extinción de su contrato por una causa justa. Entre ellas, la falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario. La jurisprudencia y, más recientemente, la normativa, han clarificado los criterios para que un juez considere que el incumplimiento del empresario es suficientemente grave.
¿Cuándo se considera un retraso grave?
Aunque la valoración final recae en el juez, la jurisprudencia ha establecido criterios claros. La nueva redacción del artículo 50 del ET ha aportado más claridad, estableciendo que el trabajador puede solicitar la extinción judicial de su contrato si:
- Se le deben tres mensualidades completas en el plazo de un año, aunque no sean consecutivas.
 - Ha sufrido retrasos de más de 15 días en el pago en seis meses distintos durante un año.
 
Es importante destacar que no se exige que la empresa tenga «mala fe» o dolo. Incluso si los retrasos se deben a dificultades económicas, el incumplimiento grave del empresario es suficiente para que el juez conceda la extinción.
¿Qué derechos tiene el trabajador?
Si el juez estima la solicitud de extinción del contrato, el trabajador adquiere los siguientes derechos:
- Indemnización por despido improcedente: El trabajador tiene derecho a la misma indemnización que le correspondería en un despido improcedente.
 - Prestación por desempleo: El empleado puede acceder a la prestación por desempleo (paro), siempre que cumpla con los requisitos de cotización.
 - Derecho a reclamar salarios atrasados: En la misma demanda, el trabajador puede reclamar las nóminas pendientes, más un 10% de interés por mora salarial.
 
¿Qué procedimiento debe seguirse?
Para ejercer este derecho, el trabajador no debe abandonar su puesto de trabajo, ya que podría interpretarse como una baja voluntaria. El procedimiento judicial es el siguiente:
- Reunir pruebas: El trabajador debe recopilar toda la documentación que demuestre los retrasos o impagos (nóminas, extractos bancarios, correos electrónicos, etc.).
 - Papeleta de conciliación: Se presenta una papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) para intentar llegar a un acuerdo con la empresa.
 - Demanda ante el Juzgado de lo Social: Si no hay acuerdo en la conciliación, se presenta una demanda judicial para solicitar la extinción del contrato y la indemnización correspondiente.
 
La extinción del contrato por impago o retrasos en el salario es una herramienta legal que protege la dignidad y estabilidad financiera del trabajador ante situaciones de incumplimiento grave por parte del empleador.


